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Desde la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), observamos con preocupación cómo el debate sobre la reforma del Código Laboral se ha centrado exclusivamente en la defensa de intereses sindicales que, lejos de representar a la mayoría de los trabajadores dominicanos, solo protegen a un grupo reducido de empleados de grandes empresas.
El sector mipymes es el principal motor de la economía nacional, generando más del 56% del empleo en el país y aportando alrededor del 38% del PIB. Además, juega un papel clave en la reducción de la pobreza, la inclusión de la mujer en el sector empresarial y el desarrollo de las comunidades. No obstante, enfrenta serias dificultades para cumplir con un esquema de indemnización laboral insostenible que, en su forma actual, no solo pone en riesgo la viabilidad de las empresas, sino que también perpetúa la informalidad, dejando sin seguridad social ni acceso a pensiones a millones de trabajadores.
Algunos representantes de las confederaciones sindicales han adoptado una postura rígida en torno a la cesantía, sin tomar en cuenta su impacto en la sostenibilidad del empleo. Contrario a lo que plantean los sindicatos, el sector empresarial no ha propuesto eliminar la cesantía de manera irresponsable, sino que ha presentado más de seis propuestas para su modificación, todas enfocadas en adecuarla a la realidad actual sin afectar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la negativa absoluta de los representantes sindicales a debatir este punto solo refuerza la desigualdad entre los trabajadores formales de grandes empresas y la enorme masa laboral que se mantiene en la informalidad sin ningún tipo de garantías.
Es fundamental que los legisladores comprendan que el mantenimiento de un esquema laboral inflexible y desfasado no solo limita el crecimiento del sector mipymes, sino que también perpetúa la falta de acceso a derechos fundamentales para miles de empleados. La verdadera justicia social no se logra con discursos intransigentes, sino con reformas que permitan la sostenibilidad del empleo y la formalización de la economía.
Hacemos un llamado a los responsables de la reforma para que no ignoren la realidad de la mayoría de las empresas en el país. Si de verdad queremos mejorar las condiciones de los trabajadores, el camino no es defender ciegamente un modelo que ha demostrado ser excluyente, sino encontrar soluciones que promuevan la formalización y la estabilidad del empleo en todos los niveles.
