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En una jornada marcada por intensas confrontaciones, el pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap). A pesar de haber contado con el apoyo unánime de la Comisión de Sanidad la semana pasada, con la excepción de Vox, el proyecto de ley ha recibido un total de 167 votos a favor y 176 en contra, destacando el rechazo de PP, Vox, Junts y la diputada socialista Maribel García, quien votó erróneamente.
La Aesap, cuyo objetivo era gestionar y coordinar las crisis sanitarias, fue un proyecto clave para modernizar la Ley General de Salud Pública de 2011. Este organismo debía responder a los desafíos de salud pública derivados de situaciones como la pandemia de la covid-19. Sin embargo, el debate en el Congreso ha estado marcado por la controversia en torno a su dirección, con Fernando Simón, actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, como posible candidato para el puesto.
La oposición ha expresado fuertes críticas. La diputada del PP, Ana Belén Vázquez, denunció que la agencia podría convertirse en un «chiringuito» político, careciendo de independencia y financiación, y que podría terminar siendo un medio de control del Gobierno. En la misma línea, David García, de Vox, acusó a Simón de ser responsable de las «mentiras institucionales» durante la gestión de la pandemia, calificando la futura agencia de «inútil» y «un instrumento de colocación».
Por otro lado, el PSOE defendió el proyecto, destacando la labor de Simón durante la crisis sanitaria, mientras que Carmen Martínez expresó su «vergüenza» por la postura del PP, al considerar que este partido se había alineado con el «negacionismo» de Vox. Otros grupos, como Sumar y EH Bildu, mostraron su apoyo al proyecto, destacando la importancia de una respuesta coordinada ante futuras emergencias sanitarias.
En un giro inesperado, Junts también votó en contra, justificando su decisión por la priorización de otros intereses, como los de los agricultores y ganaderos catalanes. El PP, por su parte, justificó su postura negativa debido al veto a las enmiendas relacionadas con la ley de desperdicio alimentario.
La ministra de Sanidad, Mónica García, expresó su frustración por lo que consideró una «irresponsabilidad» de la oposición, acusándoles de «ponerse del lado del negacionismo científico». García aseguró que volverá a presentar la ley, a pesar del revés sufrido.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) lamentaron la falta de consenso y la pérdida de una oportunidad clave para avanzar en la gestión de la salud pública en España.
