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China ha respondido con firmeza a las críticas de Canadá sobre la ejecución de cuatro ciudadanos canadienses a principios de este año, alegando que la medida fue tomada «en respeto a la ley». La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, subrayó que el país «defiende el estado de derecho» y actuó conforme a la legislación interna, independientemente de la nacionalidad de los involucrados. Según Mao, China también «protege los derechos de las personas implicadas y los derechos consulares de la parte canadiense», y subrayó que Canadá debería «dejar de interferir en los asuntos judiciales de China».
El gobierno canadiense, por su parte, ha condenado de manera enérgica las ejecuciones. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, confirmó que cuatro ciudadanos canadienses fueron ejecutados en China por delitos relacionados con el tráfico de drogas, aunque no reveló sus identidades a solicitud de sus familias. Joly expresó que Canadá seguirá en contacto con las autoridades chinas para solicitar «clemencia» para otros canadienses que aún permanecen encarcelados en el país asiático.
El Ministerio de Exteriores de Canadá emitió previamente un comunicado condenando el uso de la pena de muerte en general, calificándola como «irreversible e incompatible con la dignidad humana básica». Además, la embajada china en Ottawa reconoció las ejecuciones, aunque no especificó el número exacto de personas ajusticiadas. La representación diplomática defendió la pena capital al argumentar que «los delitos relacionados con las drogas son un grave crimen reconocido globalmente como altamente perjudicial para la sociedad».
Actualmente, alrededor de 100 ciudadanos canadienses se encuentran encarcelados en China por delitos relacionados con el narcotráfico. En el país asiático, el contrabando, la venta, el transporte o la producción de grandes cantidades de drogas, como más de un kilo de opio o más de 50 gramos de metanfetaminas o heroína, puede llevar a una sentencia de muerte o a una pena mínima de 15 años de prisión.
Este caso ha intensificado las tensiones entre los dos países, con Canadá reiterando su oposición a la pena de muerte y China defendiendo su derecho a aplicar su sistema judicial en cuestiones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.
