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La licenciada Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria del bufete directivo de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CC), reveló a la Comisión de la Cámara de Diputados que el allanamiento ejecutado por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2021 dio lugar a una exhaustiva evaluación del personal técnico de la institución, clasificando a empleados del área de auditoría en diversas categorías, algunas de las cuales incluyen implicaciones sensibles.
Tolentino explicó que el allanamiento, realizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), provocó que los auditores fueran clasificados en niveles según su desempeño y reputación interna, reflejando un análisis detallado de la calidad del trabajo realizado. “Ellos distribuyeron a todo este personal en distintos niveles. Esta es la lista, ustedes la tienen. No está ni firmada ni sellada, fue entregada en una reunión”, indicó la funcionaria ante los diputados.
El documento entregado por Tolentino incluía detalles sobre directores de unidades internas, personal de la división de calidad e informes, y un apartado crítico que se refería a empleados que “firman informes sin opinión”, sugiriendo que algunos auditores omitían deliberadamente hallazgos clave en los informes oficiales. Además, se mencionaron deficiencias técnicas notorias en algunos miembros del personal, como un exdirector de auditoría con fallos marcados en su desempeño.
Asimismo, se destacó la mención de empleados cuya calidad de vida o flujos económicos experimentaron cambios rápidos, lo que levantó sospechas sobre posibles irregularidades. «Ellos hablaban también de una persona que había cambiado de manera muy rápida su calidad de vida o los flujos económicos», agregó Tolentino, sugiriendo que la PGR tenía más detalles sobre estos casos de los que se compartieron en el informe escrito.
El allanamiento, que tuvo lugar en febrero de 2021, se enmarca en un contexto de denuncias sobre alteración de auditorías, destrucción de documentos y obstrucción de la labor institucional dentro de la Cámara de Cuentas. Tras la intervención de la PGR, se inició un proceso interno de evaluación funcional centrado en el personal de auditoría, con el objetivo de depurar posibles irregularidades y mejorar la transparencia en los procesos de auditoría pública.
