La situación de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño de 29 años que ha estado atrapado en una compleja disputa legal entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, sigue generando controversia y atención internacional. A pesar de las declaraciones oficiales que lo afirman estar en “buenas condiciones”, su caso sigue siendo un símbolo de las tensiones y errores administrativos dentro de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
El Gobierno de EE. UU. ha confirmado ante un tribunal federal que Ábrego fue trasladado desde la megacárcel de máxima seguridad Cecot, donde estuvo incomunicado desde su llegada el 15 de marzo, a una cárcel de menor seguridad en Santa Ana, El Salvador, donde según informaron las autoridades, el inmigrante se encuentra en “excelente estado de salud”. Este traslado se produce después de que la Casa Blanca admitiera que Ábrego fue deportado por «un error administrativo», aunque la administración estadounidense se ha negado a traerlo de vuelta.
La jueza federal Paula Xinis, quien lleva el caso en un tribunal de Maryland, ha solicitado al Gobierno de EE. UU. actualizaciones diarias sobre el estado y la ubicación del migrante. En su último reporte, Estados Unidos confirmó el traslado de Ábrego, pero aún persiste la incertidumbre sobre su futuro.
El senador demócrata Chris Van Hollen, quien representa a Maryland, estado de residencia de Ábrego, viajó la semana pasada a El Salvador en un intento por asegurar su liberación. Aunque no logró que fuera liberado, se reunió con Ábrego, quien relató las condiciones traumáticas que experimentó en la prisión de Cecot, famosa por las denuncias de abusos a los derechos humanos. A pesar de ser trasladado, Ábrego sigue sin poder comunicarse con el exterior, lo que agrava su situación.
El caso ha adquirido relevancia a nivel nacional e internacional, con la intervención de una delegación de congresistas demócratas y el abogado Chris Newman de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), quienes llegaron a El Salvador este lunes para presionar por su liberación y retorno a EE. UU. Este esfuerzo se suma a la lucha judicial que ha llevado el Supremo de EE. UU. a fallar a favor de Ábrego, respaldando la orden de la jueza Xinis de “facilitar” su retorno. Sin embargo, tanto Estados Unidos como El Salvador se niegan a tomar la responsabilidad de su regreso.
Este caso pone de relieve las complicaciones de la política migratoria de la administración Trump y la falta de coordinación entre los gobiernos involucrados, mientras Ábrego sigue luchando por su libertad.
