La República Dominicana defendió este jueves su derecho soberano a aplicar sus leyes migratorias, tras las críticas emitidas por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití sobre las repatriaciones de haitianos en situación migratoria irregular. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) reiteró que estas acciones se realizan en el marco de la ley y representan una responsabilidad legítima del Estado dominicano para proteger el orden público y la estabilidad nacional.
La Cancillería dominicana destacó que la posibilidad de una expansión de la violencia hacia territorio dominicano es una amenaza grave y real, dada la creciente inestabilidad institucional, humanitaria y de seguridad en Haití. El gobierno enfatizó que esta situación representa un riesgo para la seguridad nacional.
En este contexto, la República Dominicana también reafirmó su compromiso con la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, fenómenos que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población. Según el comunicado, estas redes de tráfico perpetúan ciclos de violencia y explotación, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas migratorias efectivas y coordinadas.
A pesar de las tensiones, el gobierno dominicano manifestó su disposición a mantener un diálogo abierto y constructivo con Haití y con organismos internacionales involucrados en la crisis, siempre dentro del marco del respeto mutuo. Sin embargo, subrayó que ninguna nación debe ceder a su derecho de proteger su integridad territorial.
El mensaje oficial concluye afirmando que la vocación solidaria de la República Dominicana no excluye la necesidad de preservar el orden dentro de sus fronteras.
