A pesar de los logros alcanzados bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), persisten tensiones significativas entre Washington y Santo Domingo. Temas como aranceles, licencias de importación, trato tributario desigual y derechos laborales amenazan con erosionar las bases del acuerdo, a casi dos décadas de su entrada en vigor.
Esta semana, una delegación de alto nivel del gobierno dominicano viajó a la capital estadounidense para intentar negociar el levantamiento del arancel del 10 % que aún pesa sobre ciertos productos dominicanos, como parte de la política comercial proteccionista instaurada por la administración Trump. La comitiva estuvo encabezada por los ministros Víctor -Ito- Bisonó (Industria y Comercio), Roberto Álvarez (Relaciones Exteriores) y José Manuel -Jochi- Vicente (Hacienda), quienes se reunieron con el embajador Jamieson Greer, actual representante comercial de EE. UU., y otros altos funcionarios del USTR.
El encuentro se da en medio de crecientes tensiones derivadas de decisiones unilaterales como el Decreto 693-24, que congela el cupo libre de aranceles para el arroz estadounidense y establece un 99 % de impuesto sobre el excedente, medida que Washington considera contraria a los compromisos asumidos en el DR-Cafta.
Además, el Informe de Barreras Comerciales Extranjeras 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos señala que productos como el etanol, el queso y el acero enfrentan un trato impositivo y técnico desigual frente a sus equivalentes dominicanos, lo que obstaculiza el acceso justo al mercado.
En sentido contrario, las exportaciones dominicanas también han sido afectadas por medidas estadounidenses. El arancel del 10 %, aunque representa el umbral más bajo en el esquema tarifario de la era Trump, ha generado inquietud por su impacto en la competitividad de los productos dominicanos en el mercado estadounidense.
Otros puntos críticos discutidos en Washington incluyeron la opacidad del sistema dominicano de licencias de importación, trabas aduanales para vehículos usados, y la falta de avances legislativos en materia de compras públicas y condiciones laborales en el sector azucarero, aspectos observados de cerca por el Departamento de Trabajo de EE. UU.
Si bien la República Dominicana ha sido reconocida por sus avances en propiedad intelectual —lo que le valió salir de la lista de vigilancia del informe Special 301 en 2024—, expertos advierten que el DR-Cafta enfrenta una “realidad cada vez más adversa” que pone en duda su capacidad para seguir rigiendo las relaciones comerciales bilaterales.
Las negociaciones celebradas esta semana podrían ser decisivas para preservar el espíritu del tratado o, por el contrario, marcar el inicio de su desgaste como instrumento efectivo de integración económica.
