En un giro inesperado de los acontecimientos, el recién nombrado alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier, enfrenta una grave denuncia por presunta corrupción administrativa. La acusación fue presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por dos regidores de la ciudad, Ulises Aquino Franco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y la profesora Luz Johanna Batista Solimán, regidora del Partido Reformista Social Cristiano.
La denuncia, formalizada el 3 de abril de 2025, señala irregularidades en los contratos de más de 16 brigadas de limpieza que, según los regidores, fueron contratadas para operar en diferentes puntos de la ciudad y los cementerios municipales. Sin embargo, tras realizar una exhaustiva investigación, los regidores aseguran que muchas de estas brigadas no existieron y que los pagos realizados, por un monto mensual de alrededor de RD$3 millones, carecen de justificación.
«Verificamos la existencia de 15 brigadas que ascendían a unos RD$3 millones mensuales, pero al visitar los lugares indicados, no encontramos ni un solo trabajador», explicó Ulises Aquino. El regidor también expresó su desconcierto ante el hecho de que no se presentaron estos contratos ante el concejo municipal, violando lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones.
La denuncia detalla cómo, a pesar de que las brigadas estaban contratadas para trabajar en horarios nocturnos y fines de semana, los pagos se realizaron de manera irregular. Algunos contratos fueron firmados incluso después de la fecha estipulada para la ejecución de los servicios, lo que incrementa las sospechas de fraude. Según los documentos, los cheques fueron entregados a Ramón Henríquez, del Departamento de Servicios Municipales, e Inocencio Santana, Secretario General de la Alcaldía.
Uno de los contratos más cuestionados fue el firmado por Juana Isabel Jiménez, por un monto de RD$127,000, que fue pagado inmediatamente después de finalizar el supuesto servicio el 15 de julio de 2024. Además, se presentó un contrato firmado por el alcalde que establece la contratación de brigadas de limpieza por un valor de RD$200,000, sin especificar los detalles del servicio, los horarios ni los empleados involucrados.
El alcalde, en respuesta, admitió que los pagos fueron realizados a través de terceros, debido a la falta de personal dominicano disponible. Sin embargo, explicó que dichos pagos fueron documentados, aunque no pudo justificar la falta de registros claros y la contratación de personal indocumentado.
La situación se agrava aún más cuando se observa que varios contratos fueron adjudicados a empresas vinculadas a familiares del alcalde. Un ejemplo de esto es la compra de artículos ferreteros por RD$445,050, realizada a la empresa Extraquímica SRL, propiedad del sobrino político de Metivier, Andy Jiménez González. Además, se adjudicó un contrato por RD$424,800 a la empresa Pichardo & Canela Kitchen Limited SRL, cuyo propietario es el hijo de Carlos Juan Pichardo, encargado de Espacios Públicos del municipio.
La ley de Contrataciones Públicas es clara en cuanto a la prohibición de que familiares de funcionarios públicos participen en procesos de licitación, lo que pone en evidencia el posible incumplimiento de normativas fundamentales. Asimismo, la empresa encargada de suministrar el almuerzo a los empleados del Ayuntamiento no estaba registrada como suplidora del Estado hasta más de un mes después de la adjudicación del contrato, lo que añade más dudas sobre la transparencia en el proceso.
Este escándalo no es nuevo para los habitantes de La Romana, ya que el exalcalde Tony Adames también enfrentó acusaciones de corrupción durante su gestión. Adames fue condenado en 2018 a dos años de prisión por el incumplimiento de pago a un escultor y, además, enfrentaba otro proceso judicial por un presunto desfalco de más de RD$200 millones.
La situación de la Alcaldía de La Romana se complica con estas denuncias de corrupción, lo que pone en duda la gestión del actual alcalde, Eduardo Kery Metivier, quien deberá enfrentar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
Los regidores que presentaron la denuncia han reiterado su compromiso de luchar por la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, exigiendo que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades en este caso.
