El reconocido abogado penalista Félix Portes depositó este lunes tres querellas con constitución en actor civil ante la justicia dominicana, en las que responsabiliza a varias personas físicas y jurídicas por el trágico colapso parcial del emblemático establecimiento Jet Set Club.
Las querellas están dirigidas contra Antonio Espaillat López, la sociedad comercial Inversiones E y L, S.R.L., el propio Jet Set Club, Ana Grecia López, el Estado Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional.
Portes fundamenta las acciones en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, así como en múltiples normativas legales vinculadas a la construcción y supervisión de edificaciones, incluyendo la Ley No. 687-82 sobre Normas de Construcción, el Código de Edificaciones (Resolución No. 201-2011), la Ley No. 160-21, que rige el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), y la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Tres querellas, tres víctimas
Primera querella: Presentada en nombre de Ramona Lorenzo Vizcaíno y Leopoldo Ernesto Perafán Espinosa, padres de María Leonarda Perafán Lorenzo, una joven de 21 años que perdió la vida en el colapso. La víctima residía en Pueblo Nuevo, San Cristóbal, era soltera y sin hijos. Sus padres figuran como víctimas indirectas y actores civiles en reclamo de justicia y reparación.
Segunda querella: Representa al ingeniero eléctrico Hancel A. Marte, de 33 años, quien resultó gravemente lesionado al asistir como invitado a un evento social en el Jet Set Club. Esta acción se enmarca en el artículo 320 del Código Penal, que sanciona heridas y golpes involuntarios.
Tercera querella: Corresponde a Aracelis Altagracia Santana Marte, de 47 años, también sobreviviente del colapso, quien sufrió lesiones físicas y enfrenta un grave trastorno de estrés postraumático (TEPT), diagnosticado como condición gravísima derivada del evento.
Responsabilidad penal y negligencia institucional
Félix Portes subrayó que estas querellas buscan no solo establecer la responsabilidad penal de los acusados, sino también garantizar una reparación integral para las víctimas, que contemple indemnizaciones por daños físicos, emocionales y patrimoniales.
Asimismo, destacó la responsabilidad del Estado y del gobierno municipal, señalando una supuesta negligencia en la supervisión, fiscalización y cumplimiento de las normas de construcción, lo que habría contribuido directamente al trágico desenlace.
Este caso ha generado una profunda conmoción en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la seguridad estructural en espacios de recreación, así como el papel de las autoridades en la prevención de tragedias evitables.
