El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, analizó los desafíos que enfrenta la política migratoria de la República Dominicana, defendiendo el derecho del Estado a regular la presencia de extranjeros en situación irregular, pero advirtiendo que esta regulación debe respetar los derechos humanos y los acuerdos internacionales.
Peralta destacó, en una reciente entrevista, que la República Dominicana tiene el derecho soberano de decidir quién ingresa o permanece en su territorio, citando ejemplos de países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. No obstante, subrayó que ese control debe ejercerse sin violar las garantías fundamentales de las personas.
El consultor también abordó la reciente invitación del presidente de la República a expresidentes para discutir el tema migratorio, calificándola como una «iniciativa buena». Sin embargo, reconoció no estar completamente informado sobre los detalles protocolares de la reunión.
Derechos Humanos y Migración
Antoliano Peralta insistió en que, aunque el país tiene derecho a deportar a migrantes en situación irregular, esta acción no debe implicar maltrato. Aclaró que la migración es un tema de interés continuo y que las deportaciones deben llevarse a cabo respetando los derechos fundamentales de las personas.
En cuanto a la falta de consulta de la Consultoría Jurídica en decisiones recientes, como la restricción de servicios médicos a migrantes irregulares y los protocolos para deportar mujeres embarazadas, Peralta explicó que otras instancias, como el Consejo de Migración y el Ministerio de Interior, cuentan con su propia asesoría legal. No obstante, insistió en que tales decisiones deben alinearse con la legislación local e internacional.
El consultor jurídico propuso la creación de un cuerpo especializado, similar a la Policía Turística, para gestionar los casos migratorios con un enfoque humanitario. Reconoció que, aunque los oficiales de migración reciben capacitaciones en derechos humanos, estas a menudo se olvidan o se pasan por alto.
Las declaraciones de Peralta surgen en un contexto de creciente tensión en torno a las políticas migratorias del gobierno, especialmente en relación con la deportación de mujeres haitianas embarazadas. En 2023, el Colegio Médico Dominicano criticó la negación de atención médica a migrantes irregulares, considerándola ilegal.
Peralta evitó hacer comentarios directos sobre la administración, pero dejó clara su postura personal al afirmar que «la deportación de mujeres embarazadas debe hacerse con respeto a sus derechos».
Las declaraciones del consultor reflejan la necesidad urgente de una mayor coordinación institucional y de protocolos migratorios más claros para evitar abusos. El tema migratorio sigue siendo un «asunto eterno», como señaló Peralta, que requiere soluciones equilibradas entre la soberanía nacional y el respeto por los derechos humanos.
