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En una histórica sentencia con efectos vinculantes para todo el sistema judicial, el Tribunal Constitucional (TC) ha prohibido el uso de sobrenombres o motes en procesos penales, incluidos los utilizados en medios de comunicación y tribunales, al considerar que estos atentan contra derechos fundamentales como la dignidad humana, el honor, el buen nombre y la presunción de inocencia. La sentencia TC/0225/25, emitida recientemente, establece un precedente clave en el ámbito judicial.
En su fallo, el TC ordenó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a la Procuraduría General de la República (PGR) cesar el uso público del término «Operación Medusa» o «Caso Medusa» en cualquier contexto público o judicial. Esta prohibición también afecta la difusión del nombre de la operación en medios de comunicación y documentos oficiales.
El Tribunal argumentó que el empleo de sobrenombres como “Operación Medusa” podría influir en la percepción pública y judicial de los acusados, generando prejuicios sobre su culpabilidad antes de un juicio justo. Esta práctica, además de comprometer el principio de imparcialidad judicial, también pone en riesgo la confidencialidad de los procesos de investigación.
En el texto de la sentencia, el TC señaló que el uso de estos apodos solo debe restringirse a herramientas estratégicas y secretas dentro de los equipos de trabajo del órgano acusador, y no debe ser utilizado como una forma de identificar casos ante la opinión pública o en documentos judiciales.
El Tribunal subrayó que la dignidad humana debe prevalecer en todo proceso penal, insistiendo en que el derecho a la presunción de inocencia, el honor y el buen nombre de los individuos no pueden ser vulnerados por tácticas de comunicación institucional o mediática.
La decisión del TC ha sido recibida con opiniones divididas. Mientras algunos expertos en derechos humanos celebran la protección de la presunción de inocencia y la dignidad de los implicados en procesos penales, otros advierten que esta medida podría afectar la transparencia y la lucha contra la corrupción, limitando el uso de herramientas de comunicación institucional.
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha dejado en claro que la justicia debe prevalecer sobre la percepción mediática, protegiendo los derechos fundamentales de los individuos incluso cuando están involucrados en investigaciones de alto perfil.
