Según afirmó, desde hace más de un año recibe información sobre presuntas irregularidades en la cárcel de Brieva (Ávila), donde Quezada cumple condena. Entre ellas, menciona la posesión ilegal de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual y la supuesta preparación de un documental con participación de la reclusa.
Ramírez aseguró que personas del entorno carcelario le han transmitido que Quezada ha expresado su intención de matarla, declaraciones que habrían sido escuchadas por otras internas. “Lo he comunicado por todos los canales posibles y nadie actúa”, lamentó entre lágrimas.
También denunció haber recibido llamadas amenazantes de desconocidos y acusó a funcionarios penitenciarios de estar implicados en la entrada de móviles y otros actos irregulares dentro de la prisión.
Además, criticó la falta de avances en la ejecución de la responsabilidad civil de Quezada, señalando que no se ha realizado ninguna investigación patrimonial ni se han aplicado embargos. “Podría estar ganando dinero con un documental y nadie hace nada”, señaló indignada.
Ramírez concluyó denunciando la exposición mediática de la asesina de su hijo, lo cual considera una revictimización constante. Reclamó la aplicación efectiva del Estatuto de la Víctima y pidió respeto, protección y justicia: “Nos roban el duelo, la intimidad, la paz. Me han dejado sola”.




