En medio de un nuevo episodio de tensiones diplomáticas entre República Dominicana y Haití, legisladores dominicanos responsabilizaron este jueves a la élite política haitiana del colapso institucional que vive su país, y rechazaron enérgicamente las denuncias de presuntos abusos contra inmigrantes haitianos.
El diputado Ramón Raposo señaló que los verdaderos culpables de la crisis son los propios líderes haitianos, incapaces de alcanzar acuerdos mínimos para estabilizar su nación. “Históricamente los haitianos han querido indilgar su realidad a nuestro país, cuando los responsables están dentro de su estructura de poder”, afirmó. Además, denunció la pasividad de organismos internacionales ante la situación en Haití, describiendo al vecino país como una “tierra de nadie”, dominada en gran parte por bandas armadas.
En la misma línea, el legislador Antonio Brito calificó al Estado haitiano de “irresponsable” por no asumir su rol frente a su pueblo. Reclamó una mayor intervención de la comunidad internacional, y recordó que República Dominicana ha sido históricamente solidaria con Haití, especialmente en temas de salud y asistencia humanitaria.
Estas declaraciones se producen luego de que el Ministerio de Exteriores haitiano denunciara “actos xenófobos” contra sus ciudadanos en territorio dominicano, incluyendo mujeres embarazadas y lactantes. Haití también anunció el despliegue de personal consular en zonas como Dajabón y Bávaro, así como el inicio de caravanas de repatriación voluntaria.
El diputado Omar Rojas minimizó estas acusaciones, afirmando que “esos ataques ya son habituales” y que los haitianos “saben lo que ha hecho el pueblo dominicano por ellos”.
La controversia ocurre en un contexto en el que el gobierno dominicano ha intensificado sus políticas migratorias, implementando deportaciones masivas y nuevos controles fronterizos. Estas medidas han sido cuestionadas por el secretario general de la ONU, António Guterres, y organizaciones como Amnistía Internacional.
Desde Puerto Príncipe, Haití reiteró su disposición al diálogo, aunque insistió en la necesidad de respetar los derechos de sus ciudadanos, y pidió a la comunidad internacional apoyar ese reclamo dentro del marco legal y de los convenios internacionales.
