Santo Domingo, RD — La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló múltiples irregularidades financieras y administrativas en auditorías realizadas a tres instituciones clave durante la gestión del expresidente Danilo Medina (2012-2020).
Los informes, publicados recientemente en el portal web de la CCRD, abarcan el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con auditorías realizadas en períodos comprendidos entre 2015 y 2020.
El caso más destacado corresponde al Ministerio de Hacienda, auditado entre enero de 2019 y diciembre de 2020 bajo la administración de Donald Guerrero Ortiz, principal imputado en la “Operación Calamar”. Esta investigación judicial señala un desfalco superior a 41 mil millones de pesos, supuestamente para favorecer la campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2020.
La auditoría detectó pagos por RD$46.5 millones sin soporte contable, ingresos no reportados por RD$109,521, debilidades en procesos de adquisición de combustible y consultorías por más de RD$12 millones contratadas sin cumplir los procedimientos legales. Además, se identificaron bienes por más de RD$1 millón no registrados ni físicamente localizados.
En Inaipi, auditado entre agosto de 2016 y diciembre de 2020, se reportaron irregularidades en la compra de 40 mil kits alimenticios por RD$100 millones en un proceso de emergencia por la pandemia, con incumplimientos en la entrega y contrataciones irregulares que suman más de RD$160 millones. Tras estos hallazgos, su directora Berlinesa Franco renunció en abril de 2020 y varios funcionarios fueron destituidos.
La auditoría al MICM, que abarca de 2015 a 2019, señala transferencias cuestionadas por RD$18.5 millones relacionadas con compensaciones y horas extras, pese a que funcionarios implicados negaron irregularidades, sin presentar evidencias para contradecir los informes.
De forma transversal, la Cámara de Cuentas también identificó deficiencias en la elaboración de estados financieros, diferencias en nóminas por RD$44.4 millones, errores en el pago del impuesto sobre la renta por RD$17.6 millones, contratación irregular de asesores por RD$228.7 millones, pagos a familiares de funcionarios, gastos en servicios de inteligencia sin respaldo y pagos en raciones alimenticias sin documentación, sumando millones de pesos en irregularidades.
Estos hallazgos profundizan la crisis de transparencia en la gestión pública durante los gobiernos del PLD y abren paso a nuevas investigaciones y exigencias de rendición de cuentas.
