SANTO DOMINGO. – A solo cuatro días de su cierre definitivo, el antiguo edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) continúa albergando varias dependencias judiciales y del Ministerio Público, pese al avance del proceso de desalojo. La clausura oficial de las instalaciones está programada para el jueves 30 de mayo, debido al deterioro estructural del inmueble.
Entre las unidades que aún permanecen en el edificio figuran varias procuradurías especializadas, como la de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Crímenes y Delitos contra la Salud, y Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, además de la Dirección General de Prisiones.
Consultada sobre la reubicación de estas oficinas, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso se limitó a señalar que “se trabaja en su reubicación”, sin ofrecer detalles adicionales.
Transición digital del Poder Judicial
Desde el 20 de mayo, 19 de los 22 tribunales del Palacio de Justicia han comenzado a operar bajo la modalidad virtual, en el marco del plan denominado Mudanza Digital, impulsado por el Poder Judicial para garantizar el acceso continuo a la justicia mediante medios tecnológicos.
En este periodo se han conocido 734 procesos y están agendadas otras 650 audiencias en las materias Civil, Contencioso Administrativo y Tributario. La virtualidad está respaldada por una resolución del Pleno de la SCJ, con excepción de los procesos penales y embargos inmobiliarios, que se mantienen de forma presencial en el Edificio del Registro Inmobiliario.
Además, se instalaron cabinas digitales en todos los departamentos judiciales del país, y el 48% del personal judicial asignado al edificio clausurado está trabajando de forma remota.
Según datos del Servicio Judicial, entre el 6 y el 23 de mayo se atendieron 4,284 personas y se registraron 2,559 usuarios en la plataforma de Acceso Digital, de los cuales el 76.4% son abogados y el 23.6% ciudadanos. En ese mismo periodo se gestionaron 5,712 trámites, el 90.74% a través de medios digitales, integrando 39 nuevas entidades al sistema.
Reacción del Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha reaccionado con firmeza a la implementación de audiencias virtuales. Su presidente, Trajano Potentini, interpuso una acción de amparo constitucional de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra el Consejo del Poder Judicial y la SCJ.
Según el CARD, la obligatoriedad de las audiencias virtuales vulnera derechos fundamentales como el acceso efectivo a la justicia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho al trabajo digno de los abogados.
La entidad considera que la resolución del Pleno de la SCJ, así como la circular emitida por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, limitan injustificadamente estos derechos al imponer el uso obligatorio de plataformas digitales.
