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Auditoría revela fallos en procesos de compras, pagos a proveedores irregulares y diferencias en nóminas durante gestiones de Alexandra Santelises y Berlinesa Franco.
Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas en 2022 reveló serias inconsistencias e irregularidades en 16 procesos de compras del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), por un monto total de RD$1,969,586,632, durante el periodo comprendido entre agosto de 2016 y diciembre de 2019.
Las observaciones abarcan las gestiones de las exdirectorAs Alexandra Santelises (2014–2016) y Berlinesa Franco (2016–2020), esta última en funciones durante el inicio de la pandemia del COVID-19, momento en el que ejecutó contrataciones por emergencia que posteriormente generaron cuestionamientos y su renuncia.
Entre las irregularidades detectadas figuran contratos con productos distintos a los ofertados, adjudicaciones sin cumplir los requisitos técnicos, garantías no ejecutadas, pagos a proveedores sin estar al día con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y demoras en la entrega de insumos destinados a prevenir el COVID-19.
Además, se encontraron discrepancias en nóminas, como personal militar desempeñando funciones administrativas, asesores sin autorización legal y diferencias entre los pagos registrados por la Tesorería Nacional y las nóminas oficiales.
Compras bajo investigación
Los 16 procesos auditados revelaron fallas como:
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Contratos por más de RD$500 millones con entregas incumplidas, diferencias entre lo contratado y entregado, y documentación almacenada de forma inadecuada.
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Procedimientos por emergencia del COVID-19 con bienes no autorizados, contratos vencidos, pagos sin evidencia de fiscalización y adjudicaciones sin decreto de emergencia.
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Contrataciones de alimentos y lácteos con facturas duplicadas, diferencias en precios y productos diferentes a los especificados.
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Proyectos de capacitación sin evidencia de asistencia ni retenciones fiscales aplicadas.
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Adquisiciones de equipos de cocina, materiales ferreteros y mobiliario con entregas incompletas, documentos ausentes y adjudicaciones a empresas vinculadas.
Remuneraciones bajo la lupa
En cuanto al personal, se detectaron pagos por servicios sin respaldo legal, asesores sin autorización del Ministerio de Administración Pública, y empleados que figuraban en nómina transitoria por más de seis meses. También se identificó personal de seguridad militar cobrando sin ser empleados civiles, y diferencias en los datos de asistencia y los pagos ejecutados.
Conclusión:
La Cámara de Cuentas exhorta a que los hallazgos sean analizados por los organismos de control correspondientes, ya que podrían tener implicaciones legales y administrativas. Las irregularidades señaladas reflejan debilidades serias en el manejo de recursos públicos en un organismo clave para la atención de la primera infancia en el país.








