La Cámara de Cuentas publicó este martes los resultados de una auditoría realizada al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) correspondiente al período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, en la que se detectaron irregularidades por más de RD$3,000 millones.
Uno de los hallazgos más significativos fue la firma de un contrato de arrendamiento financiero con el Banco de Reservas por RD$1,464 millones para la compra de un inmueble, cuyo valor tasado por el banco fue de RD$814 millones, lo que implica una diferencia injustificada de RD$650 millones sin respaldo legal ni técnico, y sin cumplir la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Además, se encontró que el MICM no depositó en la Tesorería Nacional RD$1,364 millones correspondientes al Plan de Regulación e Hidrocarburos, recursos que fueron utilizados para pagar viáticos e inspecciones. La Cámara de Cuentas advirtió que esta práctica incumple la normativa vigente.
La auditoría también reveló pagos por RD$270 millones a servicios de inteligencia del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom), sin documentación que justifique dichos gastos, y el pago de RD$228 millones en nómina a 71 asesores sin autorización del Ministerio de Administración Pública.
Otro hallazgo importante fue la compra de bienes y servicios por RD$174 millones sin las certificaciones presupuestarias requeridas.
Ante estas irregularidades, la Cámara de Cuentas remitió el informe al Ministerio Público para que investigue posibles responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios involucrados. Además, solicitó al MICM que presente un plan de acción correctivo en un plazo máximo de 35 días para mejorar sus controles internos.
El informe también incluye recomendaciones para registrar correctamente los pagos de personal, gestionar autorizaciones para contrataciones, y garantizar la documentación adecuada en pagos por servicios especiales y compras.
Estas irregularidades evidencian la necesidad de fortalecer la transparencia y el control en la administración pública para proteger el patrimonio del Estado.
