El Gobierno de la República Dominicana y la Organización de los Estados Americanos (OEA) pusieron en marcha las mesas técnicas de trabajo correspondientes al Plan de Acción de la Hoja de Ruta de Centroamérica y República Dominicana, firmado en Washington, D.C., con el objetivo de prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos en la región.
Este encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Interior y Policía, y fue coordinado por la ministra Faride Raful con el fin de consolidar esfuerzos conjuntos y políticas alineadas que fortalezcan la institucionalidad, contribuyendo así a la seguridad nacional y ciudadana. El plan, adoptado el 12 de febrero de 2025, abarca un período de implementación de diez años (2025-2035), con una revisión intermedia prevista para 2030. Además de la República Dominicana, la estrategia involucra a Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.
Durante su intervención, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, señaló que el plan está estructurado en torno a cuatro ejes fundamentales:
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Fortalecimiento normativo y coordinación interinstitucional;
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Prevención de la violencia con armas de fuego;
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Gestión del ciclo de vida de armas, municiones y accesorios;
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Investigación y persecución penal del tráfico y uso ilícito de dichos materiales.
Estos pilares buscan modernizar los marcos legales, prevenir desvíos de armas, reforzar los controles fronterizos y fomentar políticas que integren el control armamentístico con estrategias de desarrollo sostenible.
Raful subrayó que estas acciones requieren un trabajo articulado y sostenido más allá de su gestión, basado en el intercambio de información y en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, particularmente ante el ingreso ilegal de armas procedentes de Estados Unidos. También destacó la importancia de la participación del Ministerio Público en la supervisión efectiva del uso y circulación de armas.
“Reconocemos que el crimen transnacional no conoce fronteras; por tanto, nosotros tampoco debemos conocerlas al momento de colaborar y compartir información para enfrentar este flagelo”, afirmó.
Por su parte, Esteban de la Torre, representante de la OEA, destacó la voluntad política expresada por los siete países involucrados, así como el carácter práctico y participativo del plan, que permitirá ejecutar acciones concretas durante los próximos cinco años para interrumpir el ciclo de la violencia armada.
“Enfrentar este fenómeno requiere no solo políticas de control, sanción y persecución penal, sino también atender los factores de riesgo y fortalecer el tejido social y comunitario, en el marco del respeto a los derechos humanos”, señaló.
Julia Sánchez, coordinadora residente de la OEA en el país, enfatizó la importancia de la cooperación multilateral para abordar un problema de carácter regional, destacando el papel del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo (Unlirec).
En ese contexto, Silvia de Pedro, asesora de Unlirec, presentó la Hoja de Ruta del Caribe, una iniciativa impulsada por Caricom desde 2019, que contempla 30 acciones prioritarias contra el tráfico ilícito de armas. Este plan incluye cuatro objetivos, 15 metas, 55 acciones y más de 100 indicadores de rendimiento, así como una plataforma regional de monitoreo y seguimiento.
Asimismo, Walter Murcia, representante de Unlirec, valoró positivamente los avances logrados por la República Dominicana en la reducción de su tasa de homicidios a 7.9 por cada 100,000 habitantes, aunque advirtió que el tráfico ilícito de armas continúa siendo un factor determinante en el auge del crimen organizado, el narcotráfico y otras expresiones de violencia.
Durante el encuentro se recordó que en 2022 Centroamérica registró la tasa de homicidios más alta del mundo, con el 80 % de los crímenes cometidos mediante el uso de armas de fuego ilegales.
A la jornada asistieron altos funcionarios del Gobierno dominicano, entre ellos el ministro de Defensa, el director de la Policía Nacional y representantes de los ministerios de Educación, Juventud y Mujer, así como delegados de la OEA y otros organismos internacionales.
