El Poder Ejecutivo decidió retirar del Congreso la propuesta de reforma tributaria que contemplaba la reducción y supresión de exoneraciones fiscales, especialmente en la importación de vehículos de motor. Esta iniciativa enfrentó fuerte oposición de varios sectores de la sociedad civil.
Entre las medidas más relevantes del proyecto estaba la eliminación del beneficio que permitía a los legisladores importar un vehículo libre de impuestos, vigente desde 1966. Además, se planteaba modificar las exenciones fiscales de las asociaciones sin fines de lucro, limitándolas únicamente a ciertos impuestos como el sobre la renta y los relacionados con donaciones.
El plan también incluía revisar las franquicias vigentes para vehículos eléctricos e híbridos, proponiendo una reducción progresiva de los aranceles y otros impuestos aplicables. Asimismo, se buscaba focalizar las exoneraciones de carácter social para que se otorguen únicamente a quienes realmente lo necesiten.
El gobierno argumentó que estas medidas forman parte de una estrategia para mejorar la salud financiera del Estado y lograr una distribución más justa de la carga tributaria. Según las autoridades, el alto costo fiscal derivado de las exenciones ha disminuido los ingresos públicos sin cumplir efectivamente con su objetivo de fomentar inversión y desarrollo económico.
