El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, fue gravemente herido este sábado tras recibir varios disparos durante un acto político en el barrio de Fontibón, en Bogotá. El atentado ha generado una ola de condenas internacionales, incluyendo las de destacados líderes y organismos multilaterales.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó “de la forma más enérgica posible” el ataque y calificó la agresión como “una amenaza directa a la democracia” colombiana. Además, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que modere la retórica política y garantice la protección de los funcionarios públicos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) exigieron una investigación urgente y el castigo a los responsables. Ambas entidades enfatizaron la necesidad de garantizar un entorno seguro y libre de violencia para la participación política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Por su parte, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) expresó profunda preocupación y llamó al Gobierno colombiano a fortalecer las medidas de seguridad para proteger a todos los actores políticos. La violencia, indicaron, pone en riesgo la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Diversos mandatarios regionales también se pronunciaron. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó su solidaridad con la familia del senador y condenó la violencia e intolerancia. En un mensaje similar, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que “en democracia la violencia no tiene cabida ni justificación”.
Los gobiernos de Perú y Venezuela sumaron su condena enérgica al ataque, destacando la importancia de la estabilidad política en Colombia y confiando en que las autoridades realicen una investigación transparente.
Este atentado ocurre en un contexto marcado por tensiones políticas y amenazas contra líderes opositores, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad democrática en Colombia y la necesidad de proteger a todos los candidatos políticos de cara a las próximas elecciones.
