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El Tribunal aún no define prisión domiciliaria para Cristina Kirchner y alerta a Migraciones para impedir su salida del país

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) comunicó que aún no tomará una decisión sobre el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad.

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) comunicó que aún no tomará una decisión sobre el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad. Mientras se analiza su situación y la de los otros ocho implicados, se notificó a la Dirección Nacional de Migraciones para que evite cualquier intento de salida del país por parte de los condenados.

El tribunal, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, informó que dará a conocer su resolución a mediados de la próxima semana. Mientras tanto, ya se están elaborando los legajos para quienes podrían acceder al beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK, Lázaro Báez, Nelson Periotti y otros.

La condena, ratificada por la Corte Suprema el pasado martes, investiga irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La defensa de Fernández de Kirchner pidió que no se haga efectiva la detención hasta que se resuelva su pedido de prisión domiciliaria, alegando motivos de seguridad y su condición de ex mandataria, además de haber sido víctima de un intento de asesinato.

El TOF 2 otorgó un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados se presenten ante el tribunal. Durante ese tiempo, los fiscales y la defensa deberán presentar sus argumentos sobre las condiciones particulares de cada uno, que incluyen edad avanzada, enfermedades y situación médica.

Además de alertar a Migraciones, el tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad posibles lugares de detención, ordenó un informe socioambiental sobre CFK y notificó a la Cámara Nacional Electoral la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex presidenta.

Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la condena firme y evitar maniobras que puedan obstaculizar el proceso judicial.

 con informacion de infobae

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