Puerto Príncipe (AP) — Han pasado casi cuatro años desde que el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado a tiros en su residencia en Puerto Príncipe, y la búsqueda de justicia aún no avanza. Ninguno de los 20 detenidos ha sido llevado a juicio, en medio de un entorno marcado por la violencia de pandillas, amenazas constantes y un sistema judicial profundamente debilitado.
El juez Claude Jean, uno de los seis magistrados encargados de investigar el caso, ha denunciado la falta de compromiso y las dificultades constantes para avanzar. Entre los acusados hay 17 exsoldados colombianos y tres funcionarios haitianos, mientras que varios sospechosos clave permanecen prófugos tras una serie de ataques orquestados por pandillas que facilitaron su fuga de las prisiones.
El proceso judicial se ha visto interrumpido repetidamente por la renuncia de jueces que temen por su seguridad y por la ocupación del tribunal en Puerto Príncipe por grupos armados, lo que ha obligado a trasladar las audiencias a lugares considerados más seguros, aunque siempre bajo la amenaza latente de violencia.
Los exmilitares colombianos niegan cualquier implicación y han denunciado maltratos, incluyendo torturas físicas y psicológicas durante su detención. Aseguran que fueron obligados a firmar documentos en idiomas que no comprendían y que se les negó el contacto con sus abogados y familiares.
Mientras la investigación local se encuentra estancada, en Estados Unidos once sospechosos extraditados enfrentan procesos legales; cinco de ellos ya fueron declarados culpables por conspirar en el asesinato. El juicio está previsto para marzo de 2026, y se espera que Martine Moïse, viuda del expresidente y víctima del ataque, testifique en el caso.
Expertos haitianos lamentan que este caso haya puesto en evidencia las profundas deficiencias del sistema judicial del país, donde jueces, fiscales y abogados trabajan bajo constante amenaza, lo que dificulta enormemente la posibilidad de obtener justicia para el pueblo haitiano.
