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El Ministerio Público expresó su rechazo contundente a la medida de coerción impuesta por el Tribunal a los imputados Antonio y Maribel Espaillat, en el emblemático caso de la discoteca Jet Set que ha marcado a la sociedad dominicana. Wilson Camacho, representante del Ministerio Público, calificó la decisión como una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.
El Tribunal estableció una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos para los acusados, además de exigir su presentación periódica y prohibirles abandonar el país. Sin embargo, Camacho aseguró que, aunque valoran la investigación realizada, la sanción no corresponde a la gravedad de la tragedia.
El representante enfatizó que la resolución no refleja el profundo impacto: 235 fallecidos, más de 180 heridos y cerca de 130 menores en orfandad. «No se está reconociendo el daño irreparable que esta tragedia ha causado», sostuvo.
Asimismo, Camacho reiteró la urgencia de una reforma al Código Penal, una petición que la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso ha planteado ante la necesidad de enfrentar delitos complejos con un marco legal actualizado. Aunque el Tribunal admitió la complejidad del caso, la medida adoptada fue considerada insuficiente por el Ministerio Público.
Finalmente, se informó que se presentará un recurso de apelación para buscar una sanción más acorde con el sufrimiento de las víctimas. Este caso continúa generando un fuerte debate público, con llamados para garantizar justicia y evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.
