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Tras seis meses comunidades de Cotuí aprueban acuerdo con Barrick y Gobierno dominicano

Luego de seis meses de negociaciones intensas, las comunidades de El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas y Tres Bocas, en Cotuí, aprobaron un acuerdo histórico con la minera Barrick Pueblo Viejo y el Gobierno dominicano.

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Luego de seis meses de negociaciones intensas, las comunidades de El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas y Tres Bocas, en Cotuí, aprobaron un acuerdo histórico con la minera Barrick Pueblo Viejo y el Gobierno dominicano. Este pacto formaliza el reasentamiento planificado de estas localidades y establece una base de garantías colectivas e institucionales para sus habitantes.

El acuerdo, firmado por 23 líderes comunitarios, contempla compensaciones económicas superiores a las propuestas iniciales, obras sociales prioritarias como la construcción de un cementerio, un destacamento policial y espacios públicos, además de garantías ambientales para proteger fuentes de agua y asegurar servicios básicos.

El proceso contó con la supervisión del Ministerio de Energía y Minas, el Obispado de La Vega y la Defensoría del Pueblo, quienes actuaron como garantes para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Martín Guzmán, uno de los representantes firmantes, señaló que aunque el acuerdo no es perfecto, representa un avance significativo para las comunidades y abre una nueva etapa de implementación que requiere acompañamiento institucional permanente.

Como parte del compromiso, se establecerá una oficina de seguimiento comunitario en Arroyo Vuelta para supervisar la ejecución del acuerdo y asegurar su continuidad, independientemente de cambios administrativos futuros.

Los líderes sociales destacaron el rol fundamental del Ministerio de Energía y Minas, así como el acompañamiento moral e institucional del Obispo de La Vega, monseñor Carlos Morel Diplán, y la Defensoría del Pueblo, quienes reforzaron la confianza en el proceso.

Las comunidades mantendrán un rol activo durante la etapa de implementación, vigilando que se cumplan los compromisos asumidos y asegurando una transición justa y digna para sus habitantes.

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