Los secretarios de Salud y de Seguridad Social del partido Fuerza del Pueblo (FP) alertaron sobre una grave crisis económica y de gestión en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), señalando que la institución ha sido utilizada como una herramienta política.
Ramón Alvarado y Fernando Caamaño, voceros de la FP, afirmaron en una rueda de prensa que el déficit operativo acumulado del régimen subsidiado supera los 3,372 millones de pesos, lo que evidencia una mala administración que ha generado retrasos en la autorización de servicios, deficiencias en la atención y retrasos en el pago a proveedores.
Según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la morosidad en el pago a clínicas, farmacias, laboratorios y profesionales de la salud ha aumentado alarmantemente, pasando de 0.97% en 2020 a más del 44% en 2024.
La crisis financiera en Senasa no es reciente: desde hace más de una década se reportan déficits crecientes. En 2012, la deuda financiera ya superaba los 2,500 millones de pesos, aunque en ese entonces las autoridades minimizaron la cifra. Actualmente, para 2024, se proyecta un déficit superior a los 2,000 millones.
El gobierno, a través del presidente Luis Abinader, ha prometido inyectar recursos para asegurar la continuidad operativa de esta única administradora pública de riesgos de salud, pero desde la FP señalan que esta solución carece de transparencia y no atiende las fallas estructurales.
Además, denunciaron que el intento gubernamental de retirar 10 mil millones de pesos de las reservas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) pone en riesgo fondos pertenecientes a los trabajadores.
Caamaño acusó directamente al actual gobierno de manipular Senasa con fines electorales, al incorporar ilegalmente a más de dos millones de personas al régimen subsidiado para favorecer la reelección presidencial.
Finalmente, rechazaron la propuesta de redistribución del Plan Básico de Salud que busca asignar recursos adicionales a Senasa, calificándola de injusta y perjudicial para la equidad del sistema de salud.
