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La Corte Constitucional de Colombia resolvió este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene facultades para indagar directamente al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
No obstante, sí podrá continuar el procedimiento contra la coalición Pacto Histórico y varios de sus colaboradores.
La decisión se dio en respuesta a una tutela interpuesta por el propio mandatario, quien denunció una presunta vulneración de su derecho al debido proceso. El alto tribunal concluyó que, debido a su calidad de jefe de Estado, Petro posee un fuero especial, por lo que la única entidad competente para investigarlo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
«El Consejo Nacional Electoral tiene competencia para examinar a las campañas, partidos, movimientos o cualquier miembro de las campañas presidenciales de primera y segunda vuelta de 2022 de la coalición Pacto Histórico, **exceptuando al entonces candidato y actual presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego», estableció la Corte.
Asimismo, el tribunal ordenó al CNE que en un plazo máximo de cinco días entregue a la Cámara de Representantes copia de las actuaciones realizadas, a fin de que esta corporación evalúe si corresponde abrir una investigación formal.
Tras conocerse el fallo, el presidente Petro expresó su conformidad en la red social X: «Bien por la Corte Constitucional». A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la decisión y destacó que se reafirma el fuero presidencial al establecer que solo la Comisión de Acusaciones puede procesar al jefe del Ejecutivo.
El caso se remonta a octubre de 2024, cuando el CNE inició una investigación formal contra la campaña presidencial que llevó a Petro al poder, por un presunto exceso en los topes de gastos y omisión en los reportes financieros.
De acuerdo con el organismo electoral, durante la primera vuelta celebrada el 29 de mayo de 2022, la campaña no informó aportes equivalentes a más de 3.700 millones de pesos (unos 916.000 dólares actuales), provenientes de organizaciones como Fecode, el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO). Para la segunda vuelta, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, también se habría superado el límite legal de inversión en más de 1.600 millones de pesos (alrededor de 411.000 dólares).
La investigación continuará contra el exgerente de campaña Ricardo Roa Barragán, la tesorera Lucy Aydee Mogollón, y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, quienes estarían implicados en la presunta violación de las normas electorales.
El CNE, como ente autónomo que forma parte de la Organización Electoral junto con la Registraduría Nacional, mantendrá su labor de vigilancia y control sobre los procesos comiciales, mientras que el caso del presidente quedará bajo jurisdicción del Congreso.
