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El Ministerio Público presentó la tarde de este viernes un recurso de apelación ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, con el que busca revertir la decisión que dejó en libertad bajo fianza a Antonio y Maribel Espaillat, señalados como los principales responsables del colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos el pasado 8 de abril.
En la instancia, el órgano acusador solicita que Antonio sea enviado a prisión preventiva por 18 meses, mientras que para Maribel Espaillat pide arresto domiciliario, argumentando la gravedad del hecho y el riesgo de que ambos puedan evadir la justicia.
El procurador adjunto y titular de la Dirección de Persecución, Wilson Camacho, calificó la decisión de la jueza Fátima Veloz como “una burla a las víctimas”, criticando que se les haya impuesto a los imputados solo una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, pese a la complejidad del caso y la gravedad de las consecuencias.
“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que estos hechos han causado a la sociedad dominicana, ni el sufrimiento de las 236 personas fallecidas, más de 180 heridos y más de 130 niños que quedaron huérfanos”, expresó Camacho a la salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Durante la audiencia, que se extendió por unas 14 horas, el Ministerio Público presentó más de 130 elementos de prueba para sustentar su solicitud de prisión, incluyendo informes técnicos, comunicaciones internas y evidencia gráfica que demuestran que los imputados conocían el estado estructural del techo de la discoteca y aun así lo sobrecargaron con equipos de climatización y tinacos de agua sin realizar estudios de carga.
El tribunal reconoció la calificación jurídica otorgada al caso por el Ministerio Público, bajo los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican el homicidio involuntario y las lesiones por negligencia.
El órgano acusador sostiene que los imputados actuaron con “culpa consciente”, al priorizar beneficios económicos sobre la seguridad de los asistentes al establecimiento, lo que a juicio de los fiscales agrava su responsabilidad penal.
En la audiencia, el equipo del Ministerio Público estuvo encabezado por Wilson Camacho, junto a los fiscales Rosalba Ramos, Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
