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La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este viernes a la administración de Donald Trump en su intento por limitar la ciudadanía por nacimiento, una medida que representa una victoria clave para el mandatario republicano en su agenda migratoria.
Con una mayoría conservadora de 6 votos contra 3, el máximo tribunal no se pronunció directamente sobre el contenido de la orden ejecutiva firmada por Trump —la cual busca negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales— sino sobre un aspecto técnico: la capacidad de los tribunales menores de bloquear su aplicación a nivel nacional.
El fallo anula tres decisiones de jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts que habían frenado la implementación de la orden ejecutiva, alegando que el presidente no tiene autoridad para modificar derechos constitucionales como la ciudadanía por nacimiento, consagrada en la Enmienda 14.
En la opinión mayoritaria, la jueza conservadora Amy Coney Barrett argumentó que los tribunales «no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo» y que al declarar una orden ilegal, no pueden a su vez extralimitarse imponiendo bloqueos nacionales.
Aunque la decisión no valida ni invalida la orden ejecutiva en sí, sí permite que entre en vigor en 30 días, a menos que nuevos recursos legales lo impidan. Expertos estiman que alrededor de 255,000 bebés al año podrían verse afectados si se concreta la eliminación del derecho automático a la ciudadanía.
Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson presentaron fuertes disensos. Sotomayor, en un gesto inusual, leyó su rechazo desde el estrado y advirtió que la Corte está renunciando a su papel de defensa del Estado de derecho. Jackson, por su parte, denunció que el Gobierno está utilizando aspectos técnicos como «una cortina de humo» para ejercer poder arbitrario.
Trump firmó la orden ejecutiva el 20 de enero, el mismo día en que asumió su segundo mandato, reafirmando su política migratoria de línea dura. Aunque el fondo de la medida aún no ha sido evaluado por la Corte Suprema, esta decisión representa un avance crucial para su aplicación.
