La batalla legal contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha ampliado este viernes con una nueva demanda, tras la decisión de la Corte Suprema de permitir a la Casa Blanca aplicar temporalmente su orden, según informaron abogados demandantes.
El recurso legal, que pretende cobijar a nivel nacional a todos los afectados por la orden que niega el derecho automático de ciudadanía estadounidense, establecido en la Constitución, a hijos de padres indocumentados o con visados temporales, fue presentado este viernes por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que mantienen el pulso legal con la Casa Blanca.
La demanda, que busca un alcance nacional, acusa al Gobierno del presidente Donald Trump de violar la Constitución, el propósito del Congreso y el precedente de larga data de la Corte Suprema.
La querella fue presentada poco después de que el Supremo fallara a favor del mandatario estadounidense al levantar los bloqueos ordenados por tribunales inferiores, que impedían la implementación a nivel nacional del decreto, mientras las demandas se desarrollaban.
Varias familias afectadas por la orden ejecutiva
Aunque el fallo del Supremo no se refiere a los méritos del decreto en sí, representa una victoria para la Casa Blanca al dejar sin efecto la orden de tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes detuvieron en decisiones separadas la implementación a nivel nacional.
William Powell, asesor principal del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional, una de las organizaciones que demandó originalmente, dijo este viernes que el nuevo recurso legal «será tan efectivo y amplio» como la orden de los tribunales inferiores rechazada hoy por la máxima corte, que expone a los niños que no están cobijados por la demanda inicial.
Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que también hace parte de una de las querellas legales, sostuvo que «mantiene la esperanza» de que los tribunales inferiores garanticen que «esta flagrante extralimitación federal no quede sin control».
Los defensores de los inmigrantes esperan que el tribunal de New Hampshire entregue una decisión antes de los treinta días, establecidos por el Supremo.
«Luchamos para garantizar que el presidente Trump no pueda pisotear los derechos de ciudadanía de ni un solo niño», subrayó Wofsy.
