La familia de Ruth Elisa Seija Jerez, una joven gerente bancaria fallecida tras el colapso del techo en la discoteca Jet Set, con el apoyo de sus abogados, apelará la decisión de la jueza Fátima Veloz, que impuso como medida de coerción libertad bajo fianza de RD$50 millones a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, señalados como presuntos responsables del hecho que dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas.
La información fue ofrecida por el abogado abogado Ángel Lockward, en un comunicado donde destaca que los abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón, afirmaron que, pese a no compartir la idea de que la tipificación sea cambiada a homicidio voluntario, la decisión judicial fue “excesivamente laxa” frente a la magnitud de la tragedia, y que el caso fue tratado como si se tratara de un accidente de tránsito común, ignorando el principio de proporcionalidad.
Escalante y Rondón informaron que ofrecerán más detalles sobre el Recurso de Apelación este lunes 30 de junio a las 10:00 de la mañana en su oficina, ubicada en la calle Dres. Mallén No. 240, sector Arroyo Hondo, donde también presentarán su plan de acción penal y civil en torno al caso.
En ese mismo orden, la Oficina del abogado Ángel Lockward informó que será exhumado el cadáver de Seija Jerez, que permanece sepultado en el cementerio Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta. La joven madre, que dejó un niño huérfano, fue inicialmente declarada fallecida por “causas naturales”, según el hospital que la recibió, pero sus familiares sostienen que murió como consecuencia directa del desplome del techo.
Según un comunicado, además de la apelación a la medida de coerción, los familiares procederán a demandar al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, al considerar que hubo una corresponsabilidad por parte de las autoridades en permitir el funcionamiento del establecimiento sin garantías estructurales adecuadas.
Cuestionamientos a la jueza y manejo de bienes
Los abogados criticaron también que la jueza Veloz solo autorizara la oposición al traspaso de bienes de Antonio Espaillat por un plazo de 60 días —ya vencido—, dejando sin restricción los activos de la empresa Inversiones E y L SRL, lo que ha permitido a los imputados disponer de decenas de millones de pesos, incluyendo más de RD$25 millones en cheques librados desde una de sus cuentas bancarias.
Asimismo, denuncian que fue rechazada la solicitud de oposición sobre los bienes de la empresa propietaria del local colapsado, lo cual entienden debió ser aprobado por tratarse de un proceso penal complejo con múltiples víctimas.
“Entendemos que una magistrada con tan buena carrera, al tener vínculos familiares con socios del imputado, debió inhibirse, porque la percepción pública sobre la intervención del Gobierno y los intereses privados en este caso es negativa. Esta decisión solo ha empeorado ese ambiente”, señala el comunicado emitido por el equipo legal.
Críticas a supuestas compensaciones
Respecto al trato hacia las víctimas, los abogados señalaron que de los 57 acuerdos presentados por la defensa de los imputados, solo cinco corresponden a personas fallecidas —tres de ellos empleados— mientras que la mayoría son pagos laborales o acuerdos con abogados por sumas que rondan los RD$200 mil pesos, por lo que rechazan la idea de que se ha respondido adecuadamente a los afectados.
