La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura un nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Públicas que impone penas de prisión, multas e inhabilitación a funcionarios y ciudadanos que incurran en actos de corrupción en los procesos de compras del Estado.
La propuesta, impulsada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, introduce un régimen de consecuencias mucho más estricto que el de la actual Ley 340-06, al incluir sanciones penales contra quienes violen sus disposiciones, incluyendo legisladores, ministros y hasta el propio presidente y vicepresidente de la República.
Entre las principales novedades del proyecto destaca un capítulo penal que contempla condenas de entre dos y cinco años de cárcel para los funcionarios y legisladores que negocien contratos con el Estado, según el artículo 234.
También se sancionará con hasta 10 años de prisión a cualquier ciudadano que intente sobornar a un funcionario para obtener un contrato público.
Otros artículos del proyecto fijan penas de uno a tres años de prisión por falsedad en las declaraciones juradas para registrarse como proveedor (artículo 233), y hasta cinco años de cárcel para quienes se beneficien directa o indirectamente de contratos en los que tengan influencia por su cargo (artículo 235).
Además de las penas de cárcel, la ley prevé multas de entre 20 y 50 salarios mínimos del sector público e inhabilitación por al menos cinco años para ejercer funciones públicas.
La iniciativa también crea el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, que será dirigido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Este nuevo sistema combina una centralización normativa, bajo la responsabilidad de la DGCP, y una descentralización operativa, en la que cada entidad será responsable de llevar a cabo sus propios procesos de contratación.
El proyecto será leído en su totalidad durante la sesión del miércoles y se espera su aprobación en segunda lectura el jueves.
Posteriormente, será enviado al Senado para continuar el proceso legislativo.
Aunque el Senado ya había aprobado el proyecto en 2024, su avance se detuvo en la Cámara de Diputados debido a desacuerdos con sectores que se verían afectados por la nueva legislación.
