El Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló una ordenanza emitida en 2020 por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) que modificaba los criterios de altura y densidad en zonas urbanas sin haber sido debidamente aprobada por el Concejo de Regidores.
La decisión judicial, contenida en la sentencia núm. 0030-04-2025-SSEN-00394 del pasado 11 de junio, dejó sin efecto la ordenanza núm. 10-2020, suscrita por el entonces presidente del Concejo, Víctor E. Ogando. El TSA concluyó que la disposición fue adoptada sin la validación del pleno del Concejo, lo que contraviene lo establecido por la ley.
La normativa anulada buscaba sustituir la Resolución núm. 85-2009, que define los lineamientos sobre zonificación y densidad poblacional en la circunscripción uno del Distrito Nacional. Los cambios introducidos incluían nuevas alturas para las edificaciones y un mayor número de habitantes por hectárea, en función del tamaño de los terrenos.
El recurso fue sometido por la Constructora Aredu, SRL, con la representación legal de los abogados Julio Cury, José Alberto Cruceta y Daniel Pérez Reynoso.
“El señor Ogando se atribuyó competencias que no le correspondían. Fue un evidente abuso de poder”, afirmó Cury tras conocerse el fallo. Aseguró que el acto fue una muestra de “arbitrariedad institucional” contraria al ordenamiento jurídico.
Cruceta también criticó al cabildo por actuar “al margen de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima”, mientras que Pérez Reynoso subrayó que toda modificación normativa debe respetar los procedimientos legales, contar con fundamentos objetivos y estar adecuadamente motivada.
El veredicto representa un revés significativo para el Ayuntamiento del Distrito Nacional y marca un precedente en cuanto a la necesidad de acatar los cauces legales en temas de planificación urbana.
