En una carta oficial enviada al director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, encabezada por Antoliano Peralta Romero, confirmó que la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos está en plena vigencia desde el 24 de diciembre de 2022, fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial No. 11092.
La comunicación, fechada este 3 de julio de 2025, aclara cualquier duda sobre la aplicabilidad de esta legislación, que ha sido eje del conflicto de competencias entre la Junta Distrital de Verón–Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey.
Peralta cita el artículo 109 de la Constitución y el artículo 1 del Código Civil Dominicano para señalar que las leyes son obligatorias desde el segundo día de su publicación, sin que haya lugar a interpretaciones que pospongan su aplicación.
“La Ley 368-22 entró en vigencia tras su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, siendo de obligatorio cumplimiento desde el 24 de diciembre de 2022”, establece el documento.
Esta posición respalda el accionar legal de las autoridades del Distrito Turístico Verón–Punta Cana, que desde mayo rompieron el acuerdo de reparto de arbitrios con Higüey (conocido como “50/50”) y asumieron el funcionamiento de su propia Oficina de Planeamiento Urbano, basándose en el artículo 24 de la referida ley.
Dicho artículo otorga a los gobiernos locales con más de 15,000 habitantes y capacidad recaudatoria la facultad de gestionar el uso de suelo y emitir permisos de construcción dentro de su territorio.
Con esta postura oficial, se refuerza la interpretación de que Verón–Punta Cana sí está legalmente habilitado para ejercer estas funciones de planeamiento urbano.
Certeza jurídica en medio del conflicto
La carta también precisa que algunos aspectos de la ley deberán reglamentarse mediante una norma de aplicación que será emitida próximamente por el Poder Ejecutivo. No obstante, aclara que esto no afecta la obligatoriedad ni la vigencia de la ley.
Este pronunciamiento se da en un contexto en el que más de 30 proyectos inmobiliarios permanecen paralizados en Verón, debido a que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) no ha reconocido las certificaciones de uso de suelo emitidas por la Junta Distrital, argumentando que la competencia sigue siendo de Higüey.
Con esta declaración oficial desde la Presidencia, el panorama cambia de manera significativa y podría obligar a las instituciones estatales a respetar el ámbito de aplicación de la Ley 368-22, como han reclamado Fedodim, empresarios turísticos y las propias autoridades de Verón–Punta Cana.
