El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentó una denuncia penal contra la compañía Dekolor y varios de sus altos ejecutivos, por presuntos actos de corrupción, incluyendo sobornos, amenazas y extorsión, con el propósito de prolongar un contrato vencido con el Estado.
La acusación formal fue introducida el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) e involucra al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña, y a la directora general, Sandra Oruña.
De acuerdo con la información divulgada por el Intrant, los representantes de Dekolor habrían intentado influir de manera ilícita en decisiones institucionales mediante la oferta de un millón de dólares y pagos mensuales de tres millones de pesos. Además, se reportan amenazas directas, presiones indebidas y la entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave de la institución.
El objetivo de estas acciones era obtener una extensión irregular de un contrato suscrito originalmente en enero de 2020, que autorizaba a Dekolor a instalar y operar el sistema integral para la emisión y renovación de licencias de conducir a nivel nacional. Dicho acuerdo también incluía la administración de 21 centros de servicio, así como la provisión de personal y tecnología.
“A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no validadas por el Consejo Directivo del Intrant, la empresa buscaba mantener su vigencia sin someterse a un proceso de licitación pública, ejerciendo presiones ilegales sobre la actual gestión”, precisó la entidad en un comunicado oficial.
Tipificación legal de los hechos
Los hechos imputados están clasificados como soborno (Ley 448-06), asociación delictiva, lavado de activos (Ley 155-17), fraude en perjuicio del Estado, y extorsión mediante medios electrónicos, conforme al Código Penal y la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología.
El Intrant asegura que la querella está respaldada por documentos oficiales, testimonios y auditorías de la Contraloría General, lo cual demostraría la existencia de una red estructurada que buscaba manipular decisiones públicas y desviar recursos estatales.
Asimismo, la institución advierte que podrían surgir otros involucrados cuya participación será evaluada por el Ministerio Público en el transcurso de las investigaciones.
