Representantes legales de al menos cinco víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y decenas de heridos el pasado 8 de abril, comenzaron este martes a depositar recursos de apelación contra la medida de coerción dispuesta por la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, a favor de los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras.
En su recurso, los recurrentes argumentan que la jueza incurrió en errores de derecho al descartar la posibilidad de que los hechos sean calificados como homicidio voluntario con dolo eventual, figura que —según alegan— está reconocida por la jurisprudencia nacional.
Critican además que se ignoraran las advertencias técnicas sobre el estado del techo del local y las reformas estructurales realizadas sin permisos.
Los abogados también denunciaron que la jueza actuó con un “doble estándar”, al negar la imposición de medidas de coerción reales sobre los bienes de los imputados, pese a haber autorizado semanas antes la inmovilización de activos por solicitud del Ministerio Público con pruebas menos robustas.
«(…) Sobre las medidas de coerción reales, hace una interpretación extensiva de la norma, haciendo exigencias a las víctimas y partes querellantes que no las exige el código procesal penal, evidenciándose un doble estándar de la juzgadora que raya en la parcialidad, dado que ante un caso de amplio impacto y daño social, resulta necesario una tutela judicial diferenciada, interpretando la norma de forma proporcional y razonable de cara a tutelar los intereses de todas las partes, no solo de los imputados», dice.
La apelación solicita que se revoque la resolución emitida el pasado 18 de junio y se imponga prisión preventiva por 18 meses, así como la aplicación de medidas de coerción reales hasta por 600 millones de pesos, para garantizar el eventual resarcimiento de las víctimas.
