La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley de Contrataciones Públicas que tiene como objetivo principal establecer un régimen jurídico para garantizar el buen manejo de los recursos del Estado.
La normativa que ahora pasará al Senado para seguir el proceso y convertirse en ley, establecerá una serie de sanciones aplicables a quienes no la respeten que van desde disciplinarias, administrativas hasta penales.
La pieza que es de la autoría del diputado oficialista Frank Ramírez, viene a modificar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, que establece que los funcionarios no pueden ser proveedores del Estado, pero no indica que estos pueden ser sancionados penalmente si violan la normativa.
Con la nueva ley, los funcionarios o congresistas que se convierten en proveedores del Estado a través de la firma de contratos podrían enfrentar condenas de dos a cinco años.
