Nueve integrantes de la red internacional de narcotráfico enfrentada con la operación Búfalo NK se han declarado culpables y cinco de ellos fueron condenados este miércoles, mediante procedimiento penal abreviado tras aceptar los hechos sustentados por el Ministerio Público, mientras cuatro esperan que un tribunal valide sus acuerdos.
Asimismo, presuntamente infringió los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano, relacionados con delitos contra la salud pública y la organización criminal. Por tales razones fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales cumplirá ocho meses y tendrá suspendidos cuatro años y dos meses; además, deberá pagar una multa de 50,000 pesos.
De manera similar, Robert Nicolás Acosta Adames fue condenado por violar los mismos artículos de la Ley 50-88 y del Código Penal que implican el tráfico ilícito de drogas, asociación de malhechores y lavado de activos. En este sentido, recibió una pena de siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses fueron suspendidos; cumplirá igualmente el resto en el CCR San Felipe de Puerto Plata y deberá pagar una multa de 50,000 pesos.
Asimismo, Severiano Núñez Pichardo fue declarado culpable por su participación en la red de narcotráfico y lavado de activos, bajo violación a los mismos artículos de la Ley 50-88 y del Código Penal. Recibió una condena de cinco años de prisión, con suspensión de tres años y nueve meses. Por lo tanto, deberá cumplir un año y tres meses en el referido recinto penitenciario, además de pagar una multa de 50,000 pesos.
Finalmente, Maritza Flete Santana fue condenada por violar el artículo 66 de la Ley 631-16 que regula el control y tenencia de armas de fuego. En consecuencia, recibió una pena de tres años de prisión, totalmente suspendidos, una multa equivalente a 25 salarios mínimos y el decomiso del arma incautada.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 30 de julio de 2025.
La operación Búfalo NK fue desplegada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos. Esta red criminal operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para transportar drogas a gran escala con el fin de obtener millonarios beneficios ilícitos.
Como consecuencia de esta operación fueron procesadas 10 personas, 9 de las cuales han llegado a acuerdos con el Ministerio Público, lo cual es una muestra de la calidad de la investigación realizada al efecto.
