El sector empresarial de la República Dominicana manifestó ayer su rechazo a la aprobación en primera lectura, por parte del Senado, del proyecto que modifica el Código de Trabajo, calificándolo como una reforma “retrocedente”.
Mediante un comunicado, las asociaciones y entidades que representan al empresariado nacional expresaron su “profunda preocupación” por la iniciativa sancionada por los legisladores, debido a que su enfoque, lejos de modernizar el marco legal, “supone un retroceso”.
Los representantes del sector empresarial explicaron que el país requiere una reforma laboral “verdaderamente transformadora”, que fomente la generación de empleos de calidad y que contribuya al crecimiento económico inclusivo, especialmente en un contexto global lleno de desafíos.
“Esta reforma envía una señal negativa en un momento en que el país enfrenta grandes retos internacionales, que demandan estabilidad, confianza y visión de futuro”, señalaron.
Tras revisar el texto pendiente de una segunda discusión, los patrones constataron que se desconocen importantes acuerdos alcanzados tras años de diálogo tripartito y que no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que el país necesita, sino todo lo contrario.
El sector hizo un llamado al Congreso Nacional y a las autoridades competentes para retomar el diálogo tripartito, con la participación activa de empleadores, trabajadores y Gobierno, con el propósito de construir un marco regulatorio moderno, justo y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual y de las futuras generaciones.
También insistieron en que cualquier reforma al Código de Trabajo debe surgir de un proceso “amplio, participativo y basado en estudios técnicos que analicen sus impactos económicos y sociales”.
Tres aspectos clave a considerar
Según los empleadores, el proyecto que introduce modificaciones a la Ley 16-92, que aprueba el Código de Trabajo, contiene disposiciones que elevan considerablemente los costos laborales, sin tomar en cuenta la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 98 % del tejido productivo nacional.
Además, desincentiva la creación de nuevos empleos formales, en un contexto donde la informalidad supera el 55 % de la fuerza laboral, y pone en riesgo los esfuerzos por formalizar las empresas; también sobrecarga los procesos judiciales, generando mayor incertidumbre jurídica y debilitando el clima de inversión necesario para atraer capital nacional y extranjero.
El nuevo Código de Trabajo estaba programado para ser conocido en segunda lectura en la sesión del Senado de ayer, pero esto no ocurrió. El proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, y el tiempo juega en su contra.
Reacciones desde el Senado
El senador Rafael Baron Duluc (Cholitín), presidente de la comisión especial del Senado encargada de estudiar la reforma laboral, calificó las declaraciones del sector empresarial como “exageradas e injustas”.
Afirmó que, aunque es cierto que la comisión no acogió la propuesta empresarial sobre la cesantía y ese derecho se mantiene, no significa que todos los demás puntos del nuevo Código sean regresivos.
Defendió que muchos aspectos son beneficiosos incluso para los empleadores y no afectan la seguridad laboral.
Cholitín invitó a los empresarios a reconsiderar sus críticas.
Tema conflictivo será corregido
El senador también aseguró que se corregirá el artículo relacionado con las zonas francas, porque la reforma en su versión actual podría afectar la competitividad del sector y alejar empresas de ese mercado.
Se refirió a que, en la nueva propuesta, estas empresas no están exentas del pago de la bonificación legal a sus empleados, lo cual “parece haber sido una omisión” que será corregida.
El pasado martes, el Senado aprobó en primera lectura la reforma laboral, que debe ser convertida en ley antes del 26 de julio, fecha en la que vence.
La normativa busca actualizar diversos principios y artículos para mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo la prohibición de la discriminación, la promoción de la conciliación en conflictos laborales, y el fortalecimiento de aspectos como las horas extras, la suspensión de contratos y las licencias laborales.
