El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la compañía Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase), admitió, a través de su abogado, haber pagado sobornos durante años a altos mandos militares y funcionarios encargados de seguridad y compras en tres instituciones públicas: las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
Según declaró su abogado, Carlos Balcácer, los sobornos eran exigencias de los funcionarios y ascendían al 10 % del valor de las facturas mensuales. Aunque aseguró que el Estado “no perdió un peso”, sostuvo que su cliente fue “la gran víctima” del esquema de corrupción.
No obstante, el Ministerio Público (MP) lo vincula directamente a una red de sobornos y lavado de activos.
Red de cohecho facilitó contratos multimillonarios
De acuerdo con la investigación del MP, Rodríguez González garantizó la continuidad de sus contratos con el Gobierno gracias al pago sistemático de sobornos, que a la fecha ascienden a más de RD$108 millones.
A cambio, se le eliminaban trabas administrativas que sí se imponían a otros proveedores que se negaban a pagar.
Entre 2014 y 2024, la empresa Senase movilizó más de RD$7,000 millones, registrando un “incremento patrimonial desproporcionado”, lo que —según las autoridades— constituye evidencia de lavado de activos.
Funcionarios implicados
La red de beneficiarios incluye a nueve imputados, entre ellos ocho militares de alto rango:
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Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército y exdirector de seguridad de Edesur.
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Andrés Pacheco Varela (FARD), director de seguridad de Edenorte.
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Luis Ernesto Vicioso Bocio, jefe de seguridad de Edeeste.
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Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad y compras en Inaipi.
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Elías Caamaño Pérez, coronel en Senasa.
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Yorbyn Eduardo Aybar, coronel de la FARD.
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Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército.
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Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional.
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Bolívar Nicolás Fernández Espinal, civil y funcionario de Edenorte, quien habría recibido más de RD$35 millones.
Los pagos ilícitos ocurrieron entre 2012 y 2025, variando según la institución.
En Edenorte, el esquema operó entre 2020 y 2025; en Edesur, desde 2012 hasta 2020; en Senasa, entre 2016 y 2019; y en Inaipi, donde los sobornos alcanzan los RD$12.8 millones.
Seguridad privada innecesaria y prisión preventiva solicitada
El Ministerio Público resaltó que las instituciones afectadas ya contaban con sus propios departamentos de seguridad interna, lo que hacía innecesaria la contratación de empresas privadas como Senase.
El MP solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado complejo.
La audiencia inicial fue aplazada para el próximo lunes, a solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para estudiar el expediente.
