La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes 14 de julio, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra diez imputados en la presunta red de corrupción desmantelada mediante la “Operación Lobo”.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los implicados y que el caso sea declarado complejo.
De acuerdo con la acusación, la red operaba mediante un esquema de sobornos que supera los RD$100 millones, con el objetivo de obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones del Estado.
Entre los acusados figuran altos exoficiales militares y policiales, así como civiles vinculados al sector empresarial.
Se trata del mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente Wellington Peralta Santos; Bolívar Nicolás Fernández Espinal y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
Según el expediente, la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), propiedad de Rodríguez González, fue el centro operativo del entramado.
SENASE habría movilizado más de RD$7,247 millones entre 2014 y 2024, mediante transacciones realizadas en bancos como Banreservas, Banco Popular y BHD.
El Ministerio Público sostiene que entre un 5 % y un 10 % de los ingresos de la empresa fueron destinados al pago de sobornos, lo que representa entre RD$362 millones y RD$724 millones supuestamente usados para obtener contratos en entidades públicas como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, debido a irregularidades detectadas en los procesos de contratación estatal.
El Ministerio Público asegura que estas prácticas afectaron directamente a instituciones clave para el funcionamiento del Estado, comprometiendo fondos públicos destinados a servicios esenciales.
