La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) advirtió este martes que el proyecto de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, actualmente en discusión en el Congreso, representa una amenaza directa para la sostenibilidad de más de un millón de MIPYMES en todo el país.
“El proyecto, tal como está redactado, impone cargas económicas excesivas, fomenta monopolios en la gestión de residuos y excluye completamente a las MIPYMES de los procesos de decisión sobre fondos públicos que ellas mismas deberán financiar”, expresó el gremio empresarial en un comunicado.
Entre los principales puntos de preocupación señalados por CODOPYME se encuentran:
- El aumento desproporcionado en la contribución especial, sin estudios técnicos que avalen la capacidad de pago del sector, y en contradicción con la Ley 187-17 de clasificación empresarial.
- La prohibición de la autogestión de residuos por parte de pequeñas empresas, limitando iniciativas comunitarias o alianzas como NUVI.
- La creación de un fideicomiso público manejado por operadores privados, sin representación del sector MIPYME.
- La imposición de un solo relleno sanitario por provincia y una planta de valorización por región, lo que fomenta prácticas monopólicas perjudiciales para los pequeños actores del sector.
“Esto no es una mejora técnica: es una embestida económica. Si el Congreso aprueba este proyecto como está, firmará la sentencia de quiebra para miles de micro, pequeñas y medianas empresas que ya operan en condiciones adversas, con alta carga tributaria y escaso acceso al crédito”, alertó CODOPYME.
La entidad reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que no respaldará ninguna legislación que excluya a las MIPYMES ni que imponga estructuras de costos desproporcionadas.
“No puede haber sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica. Y no puede haber desarrollo nacional si el 98 % del tejido empresarial colapsa por decisiones mal diseñadas”, sostuvo la organización.
CODOPYME instó al Congreso a detener el proceso de aprobación del proyecto y abrir un espacio técnico de revisión que incluya la participación activa del sector MIPYME, con el objetivo de evitar un impacto negativo sobre miles de emprendedores, manufactureros, comerciantes y pequeños empresarios en todo el país.
