El procurador adjunto Wilson Camacho advirtió este jueves que el Ministerio Público continuará las investigaciones del caso Operación Lobo y no descarta una segunda fase, a la que denominó “Lobo 2.0”, tras la decisión judicial de imponer arresto domiciliario a los diez imputados en la presunta red de corrupción que operaba en instituciones públicas.
En declaraciones a la prensa, Camacho subrayó que, aunque la medida no fue la solicitada, todos los encartados continúan privados de libertad, aunque bajo distintas condiciones.
“Todos los imputados del proceso quedaron privados de libertad. Repito: todos los imputados del proceso quedaron privados de libertad”, enfatizó.
Crítica a decisiones judiciales
El magistrado también cuestionó la falta de coherencia en algunas actuaciones del Poder Judicial, al considerar que las decisiones podrían afectar negativamente la disposición de los acusados a colaborar con el Ministerio Público.
“Desde el Poder Judicial se promueve en el discurso la necesidad de más acuerdos en el proceso penal, pero en la práctica se emiten decisiones que pueden desincentivar estos acuerdos”, sostuvo.
No obstante, Camacho reiteró que el Ministerio Público continuará incentivando acuerdos cuando los imputados colaboren con las investigaciones.
Red más amplia de lo revelado
Camacho afirmó que la estructura de sobornos en contratos de seguridad pública va más allá de lo expuesto hasta el momento. “La dinámica de pagos de sobornos en la contratación de seguridad en instituciones públicas es más amplia de lo que se ha presentado hoy”, aseguró.
Y agregó con firmeza: “Nosotros, y eso se lo puedo asegurar desde aquí, vamos a ir por todos. No descartamos una Operación Lobo 2.0”.
El caso
La medida de coerción fue dictada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras una audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El fallo había sido reservado desde el miércoles.
La Operación Lobo desmanteló una supuesta red dedicada a pagar sobornos para obtener contratos de seguridad en instituciones públicas como Edenorte, Edeeste, Edesur, Senasa e Inaipi. El expediente está respaldado por pruebas documentales y testimoniales, y cuenta con un equipo de 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional.
