El Tribunal Supremo de Brasil impuso este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de la investigación por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre las restricciones se incluyen la obligación de portar una tobillera electrónica y la prohibición de utilizar redes sociales.
La Policía Federal brasileña llevó a cabo un operativo en el que registró la residencia de Bolsonaro en Brasilia, así como la sede del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario. Las acciones forman parte del proceso judicial en el que Bolsonaro y al menos siete de sus excolaboradores enfrentan cargos por conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2022.
El Supremo lo acusa de liderar un complot con participación de antiguos ministros y altos mandos militares para mantenerse en el poder tras su derrota ante Lula. La Fiscalía ha presentado cinco cargos en su contra, incluyendo tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho. De ser hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
El caso ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos. El expresidente Donald Trump calificó el juicio como una “caza de brujas” y exigió el cese del proceso judicial. Además, anunció un arancel adicional del 50 % a las importaciones brasileñas, en lo que se interpreta como una represalia política.
En respuesta, el presidente Lula da Silva exigió respeto a las instituciones brasileñas y calificó los comentarios de Trump como un “chantaje inaceptable”. La situación ha derivado en una crisis diplomática entre ambos países.
Mientras tanto, Bolsonaro permanece bajo estricta vigilancia judicial, sin acceso a sus plataformas digitales y con movilidad monitoreada, en lo que representa una de las acciones legales más contundentes contra un exjefe de Estado en la historia reciente de Brasil.
