El Estado dominicano solicitó formalmente constituirse como parte civil en el proceso judicial que investiga presuntos actos de corrupción vinculados al contrato para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, adjudicado en 2023 por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La petición fue presentada por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en representación del Estado y del propio Intrant, y depositada ante la jueza Patricia Padilla, quien dirige las diligencias encabezadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El expediente tiene como principales implicados al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las compañías Transcore Latam y Aurix. La adjudicación, por un monto cercano a los 1,300 millones de pesos, fue otorgada a Transcore Latam para la implementación de un sistema inteligente de control de tráfico.
Irregularidades y advertencias ignoradas
Desde el inicio del proceso, surgieron múltiples denuncias de irregularidades. La más grave fue el uso no autorizado del nombre y datos de la empresa estadounidense TransCore LP, con la que Transcore Latam no tenía ningún vínculo. También se reportaron alteraciones en la relación de proveedores y la presentación de documentación técnica sin validez legal.
Pese a una advertencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre los riesgos de entregar el control de los semáforos a una empresa privada —por tratarse de una infraestructura crítica para la seguridad nacional—, el contrato fue firmado en junio de ese año.
Avance de las investigaciones
Las investigaciones se intensificaron tras denuncias formales de una empresa local que acusó a Transcore Latam de apropiación indebida de información confidencial. La Dirección General de Contrataciones Públicas abrió una investigación administrativa paralela, mientras la Pepca avanzaba con la parte penal.
En medio del escándalo, Hugo Beras solicitó una licencia como director del Intrant para facilitar las indagatorias. Con el paso de los meses, han sido incorporados otros implicados, incluyendo exfuncionarios y representantes de empresas vinculadas al contrato.
Recuperación del patrimonio público
Con su constitución como actor civil, el Estado busca recuperar los fondos públicos presuntamente malversados en el proceso. La solicitud formal refuerza la intención de las autoridades de perseguir judicialmente a los responsables y resarcir el daño al erario.
