La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que otorga beneficios materiales a los ciudadanos que participen en los procesos electorales. La iniciativa, identificada con el número 03875-2024-2028-CD, fue presentada por legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la Fuerza del Pueblo (FP).
La ley, llamada Ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable, establece una serie de incentivos para quienes acudan a las urnas, entre los que se incluyen:
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Exención del pago por expedición de la cédula de identidad y electoral en caso de pérdida o deterioro, así como de certificaciones de cédulas y actas de nacimiento emitidas por la Junta Central Electoral (JCE).
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Descuento del 15 % en la expedición o renovación del pasaporte.
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Expedición gratuita del certificado de no antecedentes penales y del certificado de vida y costumbre solicitados después de las elecciones.
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Descuento del 25 % en el costo de matriculación en universidades e instituciones públicas de educación superior; las privadas podrán otorgar descuentos voluntarios a los votantes.
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Preferencia en concursos públicos para empleos estatales, becas, adjudicación de obras, programas sociales y planes de vivienda en caso de empate entre postulantes.
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Medio día laboral remunerado como descanso para empleados formales que participen en las elecciones, a disfrutarse dentro de los 30 días posteriores a los comicios y previa coordinación con el empleador.
Críticas desde la oposición
El exdiputado y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Méndez, calificó la iniciativa como una «peligrosa distorsión» del sentido democrático del sufragio.
“El sufragio no debe ser premiado ni comprado”, advirtió Méndez, quien sostuvo que esta práctica reduce el acto de votar a “una simple transacción que atenta contra la ciudadanía”.
Desde su natal Neyba, Bahoruco, Méndez alertó que la medida podría usarse para coaccionar a sectores vulnerables, cuando en realidad el Estado debería enfocar sus esfuerzos en la educación cívica y la formación para una participación electoral consciente.
“Premiar el cumplimiento de un deber, en lugar de estimularlo por convicción, equivale a institucionalizar el clientelismo y abrir paso a nuevas formas de manipulación electoral”, afirmó.
El exlegislador hizo un llamado al Senado de la República para que rechace la iniciativa, subrayando que la democracia se fortalece garantizando instituciones confiables y promoviendo la educación política, no repartiendo recompensas.
Próximos pasos
La iniciativa pasará ahora al Senado para su análisis y eventual aprobación. Mientras tanto, el debate sobre los límites entre incentivar la participación ciudadana y la posible manipulación electoral continúa siendo un tema de discusión en la esfera política nacional.
