Santo Domingo, R.D. — El Ministerio Público logró una importante victoria jurídica frente a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitiera una resolución que obliga a la Defensoría Pública a brindar representación legal a las empresas involucradas en procesos penales, poniendo fin a una prolongada disputa institucional.
La Segunda Sala de la SCJ, mediante la Resolución núm. 001-022-2025-SRLS-00393 del 3 de marzo de 2025, notificada el pasado 17 de julio al procurador adjunto Wilson Camacho, confirmó que la ONDP debe asistir legalmente a personas jurídicas en los procesos penales que así lo requieran.
Esta decisión revoca la posición adoptada por la ONDP y su director, Rodolfo Valentín Santos, quien había prohibido mediante una instrucción interna de septiembre de 2021 que sus defensores representaran a empresas, basándose en la Ley núm. 277-04 que regula la institución.
La disputa comenzó cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) impugnó dicha instrucción y otras medidas de la ONDP que limitaban la defensa a personas físicas. En junio de 2024, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró inconstitucionales esas disposiciones, señalando que violaban varios artículos de la Constitución Dominicana relacionados con el derecho a la defensa y el debido proceso.
El tribunal ordenó a la ONDP nombrar defensores para las empresas imputadas RG&S Soluciones Financieras, S.R.L. y Único Real State e Inversiones, S.R.L., bajo apercibimiento de multas diarias por incumplimiento.
La Suprema Corte respaldó esta resolución, destacando que las decisiones judiciales solo pueden ser apeladas en los casos expresamente previstos por la ley y que negar representación a las personas jurídicas contraviene los derechos constitucionales.
En un caso paralelo, el 3 de julio de 2025, una jueza en San Cristóbal impuso una multa diaria a la ONDP por negarse a defender a la empresa Agente de Cambio Estrella, acusada de lavado de activos.
La Defensa Pública había argumentado que su función era solo asistir a personas físicas acusadas que carecieran de recursos.
Con esta sentencia, el Ministerio Público consolida su postura jurídica y se establece con claridad que la Defensoría Pública debe garantizar la defensa técnica también a las entidades corporativas que enfrenten procesos penales.
