El Senado de la República aprobó este miércoles en lectura definitiva el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, una nueva institución que asumirá funciones clave actualmente a cargo de la Procuraduría General de la República, como la administración del sistema penitenciario y otras 12 dependencias estatales.
La pieza legislativa, de la autoría de los senadores Cristóbal Venerado Castillo y Félix Bautista, había sido previamente aprobada en el Senado, pero debió volver a la cámara alta para validar las observaciones introducidas por los diputados durante su sesión del martes.
Con su aprobación definitiva, el proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación por parte del presidente Luis Abinader, quien ha respaldado la creación de este nuevo ministerio desde 2022.
Funciones del nuevo Ministerio
Según el texto aprobado, el Ministerio de Justicia será el órgano encargado de la planificación, dirección, coordinación y ejecución del Sistema de Justicia, que incluye a ocho instituciones del ámbito judicial. También asumirá el control del sistema de servicios penitenciarios, la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la administración de los asuntos registrales.
La estructura de la institución contempla varios viceministerios:
- Atención y colaboración
- Representación judicial
- Derechos Humanos
- Políticas Penitenciarias
- Asuntos Registrales
Además, el titular del Ministerio de Justicia fungirá como representante legal del Estado en los foros arbitrales internacionales.
Sin oposición en el Senado
A diferencia del ambiente en la Cámara de Diputados, donde legisladores de la oposición manifestaron preocupaciones por posibles choques institucionales con la Procuraduría y otras entidades, en el Senado la aprobación se produjo sin objeciones.
Incluso, los senadores de la Fuerza del Pueblo presentes —Omar Fernández, Alexis Espiritusantos y el propio Félix Bautista, coautor del proyecto— no emitieron votos en contra ni expresaron reservas.
La aprobación del Ministerio de Justicia representa una de las reformas estructurales más significativas al sistema institucional de justicia en las últimas décadas, con el objetivo declarado de despolitizar funciones clave de la Procuraduría y crear mayor eficiencia en la gestión judicial del Estado.
