Más del 95 % de los comercios chinos que operan en República Dominicana lo hacen de forma irregular, generando un fuerte perjuicio económico al Estado y asfixiando al pequeño y mediano comerciante local con precios artificialmente bajos.
Así lo denunciaron este jueves representantes del comercio criollo, quienes aseguran que, mientras los dominicanos cumplen con todas las normativas fiscales y laborales, muchos negocios de origen chino evaden impuestos, no reportan empleados y utilizan mecanismos de subvaluación para importar mercancías.
“Uno aquí en Herrera tiene que fajarse a pagar ITEBIS, ISR, seguridad social y hasta los inspectores, mientras ellos venden como les da la gana sin reportar ni un peso”, expresó con indignación un comerciante de la zona.
Una situación similar se repite en sectores como la avenida Duarte, donde cada vez más negocios dominicanos se ven obligados a cerrar por no poder competir con precios que, según los denunciantes, solo se logran a través de la evasión de las leyes fiscales y aduanales.
Además del impacto en los comerciantes locales, el Estado deja de percibir miles de millones de pesos al año, recursos que —señalan— podrían destinarse a escuelas, hospitales, obras comunitarias y seguridad.
“Al final el que pierde es el pueblo, porque el Gobierno se queda sin lo suyo y los dominicanos sin empleo”, agregó otro comerciante.
Los denunciantes exigen una fiscalización efectiva que involucre a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas, la Dirección de Migración y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
“No estamos en contra de los extranjeros, pero si vienen a hacer negocios aquí, que respeten la ley como lo hacemos nosotros”, insistieron.
En los últimos días, las declaraciones de Rosa Ng Báez —representante del sector comercial chino en el país— han encendido aún más los ánimos. Aunque reconoció que los negocios que no cumplen deben ser auditados y regularizados, varios comerciantes consideran su postura tibia y complaciente.
“Lo mal hecho está mal hecho, venga de donde venga”, afirmaron, asegurando que la defensa del comercio legal debe ser una prioridad nacional.
