El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitó formalmente a la Junta Central Electoral (JCE) el cese inmediato de las actividades políticas proselitistas que, según denuncian, viene realizando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y varios de sus altos dirigentes, en violación de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
La instancia fue depositada ante el órgano electoral por una comisión de dirigentes del PRD, quienes pidieron a la JCE adoptar medidas urgentes en defensa de la equidad del proceso electoral y el respeto a la normativa vigente.
Entre los dirigentes señalados se encuentran Carolina Mejía, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), David Collado, Raquel Peña, Víctor D’Aza y Tony Peña Guaba.
Medidas solicitadas
El PRD pidió a la JCE lo siguiente:
- Que se ordene el cese inmediato de toda actividad proselitista realizada por los dirigentes señalados del PRM.
- Que la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos investigue el uso de fondos por parte del PRM y emita un informe.
- Que se prohíba la participación de los precandidatos señalados en el proceso interno del PRM, por las presuntas violaciones cometidas.
- Que se apliquen medidas cautelares, incluyendo la suspensión de actividades políticas, sanciones económicas y retención de fondos al partido oficialista.
La comisión del PRD estuvo integrada por Peggy Cabral, Héctor Guzmán, Carlos Dicló, José Juan Zapata, Fernando Pérez Volquez, Henry Blanco, Geraldo Valdera, Ridel Méndez, Juan Ramón Vásquez, Luis López, Martín Hidalgo y Jacinto Santos, quienes fueron recibidos por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y la miembro titular Dolores Fernández.
Respuesta institucional
El presidente de la JCE acogió el documento con beneplácito y se comprometió a someterlo al Pleno para su evaluación y posterior pronunciamiento oficial.
Finalmente, el PRD reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución y al marco legal electoral, al tiempo que instó a la JCE a actuar con firmeza ante lo que consideran una vulneración de las reglas del juego democrático.
