El abogado Miguel Valerio, representante legal de la familia de Ivonne Handal Abugabil, denunció que los presupuestos médicos presentados por la defensa de Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un ataque múltiple que dejó una mujer muerta y cinco heridos, contienen serias inconsistencias y contradicciones que deben ser investigadas.
Tras concluir la audiencia de medida de coerción, Valerio explicó a la prensa que los documentos depositados eran simples fotocopias con apariencia de recetarios médicos, carentes de validez formal y sin la debida certificación.
“Los presupuestos eran contradictorios, los mismos médicos de él establecían fechas que no se correspondían con los argumentos ahí expuestos”, indicó el jurista.
Valerio resaltó que será durante el período de investigación complementaria cuando se puedan realizar los peritajes correspondientes para esclarecer el estado real de salud mental del imputado, quien ha sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva contra Pumarol Fernández, quien fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14 de Higüey (Anamuya).
Durante la audiencia, la fiscal Vidalis Mora, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, relató que el acusado irrumpió de manera violenta en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, el pasado 23 de julio, y atacó con armas blancas a seis personas.
Producto de la agresión falleció la señora Ivonne Handal Abugabil, de 70 años, mientras que resultaron heridos Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y el padre del acusado, Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.
El imputado fue arrestado en flagrante delito por agentes de la Policía Nacional con apoyo del sistema 9-1-1.
El Ministerio Público imputa a Jean Andrés Pumarol Fernández la violación de los artículos 295, 304, 2 y 309 del Código Penal, además de disposiciones de la Ley 631-16 sobre el uso de armas blancas con fines delictivos.
